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MANIFIESTO JURISTAS CONTRA LA REFORMA LABORAL 2012

En estos últimos tiempos, en nombre de la crisis económica mundial estamos asistiendo a políticas de ajuste económico y reformas laborales. La última, una vez más, elaborada mediante el Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, es la más agresiva que desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se haya visto jamás.

Estamos ante una reforma laboral que rompe con los equilibrios que se han ido construyendo entre la clase trabajadora y la empresa; una reforma que desprotege absolutamente la parte más débil de la relación laboral y que, lejos de pretender el crecimiento económico y la creación de empleo, confiere más libertad a la empresa e incrementa el poder discrecional de la misma, y legisla para los mercados y no para las personas trabajadoras.

Los firmantes de este manifiesto, personas vinculadas desde varios ámbitos profesionales al derecho del trabajo, nos oponemos totalmente y absolutamente a las medidas aprobadas por el Gobierno español y a las graves modificaciones operadas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Nos oponemos a ello, porque consideramos esta reforma como una grave agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y como una involución en los propios fundamentos del derecho del trabajo, ya que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley, porque no garantiza una igualdad real de las partes en el contrato de trabajo y desprotege la parte más débil de la relación laboral.

La reforma supone una política que desnaturaliza la médula del derecho laboral, ya que desregula los pilares de las relaciones jurídico-laborales en materias fundamentales; introduce el despido libre y gratuito; otorga un poder absoluto al empresario sobre las condiciones de trabajo en materias como la jornada de trabajo, el horario y su distribución, la remuneración y la cuantía salarial; rompe el derecho constitucional a la negociación colectiva, porque se facilita al empresario su incumplimiento, y limita el poder judicial en materias como los expedientes de regulación de empleo, la modificación sustancial de las condiciones laborales, los traslados geográficos, la distribución de la jornada e, incluso, la estabilidad en el empleo.

Esta reforma se construye bajo la falta absoluta de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con el fomento del miedo de reclamar y castiga duramente el papel de los sindicatos y, por extensión, de la lucha obrera. Poco respeto por parte de este Gobierno, que se ha permitido borrar de la historia los sacrificios de muchos trabajadores y trabajadoras, organizados sindicalmente, para conseguir unas relaciones laborales justas, democráticas y más equilibradas. No caigamos en trampas. No nos engañemos creyendo que esta modificación tan profunda del derecho del trabajo se ha gestado en un laboratorio, lleno de científicos expertos para encontrar el camino para crear empleo y salir de la crisis. Esta reforma está simplemente vacía de contenidos sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es una reforma simplista que ha aprovechado de manera osada y desproporcionada los momentos críticos por los que atravesamos para borrar obligaciones empresariales y derechos de los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, una reforma que, lejos de estar a la altura de un estado ético, social y democrático de derecho, desregula todo aquello que durante décadas entre todos los agentes habíamos ido regulando.

Y si desregular quiere decir falta de regulación legal, la consecuencia es el desequilibrio. Hay desequilibrio cuando aunque el despido pueda llegar a ser improcedente, el empresario ya no tiene que abonar los salarios de tramitación; cuando un expediente de regulación de empleo no tiene que tener la autorización administrativa; cuando por la caída de ventas durante tres trimestres se puede despedir por razones objetivas; cuando se puede hacer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin acreditar que con esta medida la empresa se situará en una posición más competitiva en el mercado; cuando se inventa un nuevo contrato, eufemísticamente llamado para emprendedores (empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras), que se califica de indefinido y tiene un año de periodo de prueba. Asimismo, se crea más desequilibrio cuando las empresas con dificultades (ni tan sólo se dice con “graves” dificultades) se pueden descolgar del salario pactado en el convenio y cuando se borra la ultraactividad de los convenios colectivos.

Una reforma que nuevamente se adopta a través del Real Decreto Ley, sin negociación previa con los agentes sociales, y que se utiliza para atacar la esencia misma del derecho del trabajo, y la desposee del carácter tuitivo y compensador del desequilibrio entre las partes en el marco de las relaciones laborales.

Tal como se ha dicho, limita las facultades del juez para valorar la razonabilidad en las extinciones por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, ya que elimina los elementos de causalidad finalista, limita la tutela judicial ante los despidos, agravada por la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos.

Por todo lo que se ha manifestado anteriormente, es una reforma que presenta, a nuestro entender, problemas de inconstitucionalidad que atentan contra el derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española), a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española), y es contraria al derecho constitucional al trabajo consagrado en el artículo 35 de la Constitución Española.

Es una reforma que no servirá para crear empleo estable, ni cambiará la actual dualidad del mercado de trabajo, sino que introducirá el desequilibrio entre las partes de la relación laboral y pondrá en peligro los valores constitucionales del derecho del trabajo. Una reforma que, al lado de los injustos recortes económicos, con toda seguridad generará o bien resignación y sumisión, o bien más indignación y violencia. 

Barcelona, marzo de 2012